SALIDAS ALTERNATIVAS EN EL PROCESO PENAL BOLIVIANO

6.1. CONCEPTO

Para Herrera Añez, las salidas alternativas son: “…opciones que tiene el Ministerio Público para evitar el juicio oral por motivos de utilidad social o por razones político criminales”.

Las salidas alternativas  son  instituciones jurídicas que  permiten  flexibilizar, economizar y descongestionar el sistema penal boliviano, que está caracterizado por la imposibilidad de resolver oportunamente las causas penales y el excesivo hacinamiento carcelario. Además, acarrean beneficios para todos los que se encuentran inmersos en el sistema de administración de justicia penal, ya que el Estado puede optimizar el uso de sus escasos humanos y materiales en la investigación de los delitos de mayor gravedad y que afecten al bien jurídico como la vida; la víctima tiene a su alcance alternativas ágiles y consensuadas de solución a su conflicto humano en la medida que ello es posible y el imputado puede resolver el problema que ha causado con su actuación, recurriendo aç alternativas menos violentas y estigmatizantes que las tradicionales, mucho más efectivas en función a la resocialización del individuo y que contribuyen a desarrollar su capacidad de autodeterminación y responsabilidad.

Al respecto, Pomareda señala que: ”La victima obtiene una reparación  oportuna al daño causado, en un tiempo razonable; el imputado no se  ve  sometido  a un juicio público con el  consiguiente  daño moral para él  y su familia,  favoreciendo su  inserción social y el  Estado   ahorra recursos materiales  y humanos  que podan destinar a casos  de mayor  gravedad”.

 la  aplicación de  algunas  salidas  alternativas previstas en la norma adjetiva penal de Bolivia son: El criterio de oportunidad reglada, la suspensión condicional del proceso, la conciliación y el procedimiento abreviado; y que los tres primeros  tienen como  consecuencia  la  extinción de la  acción penal, por lo que se deberá cumplir con todo los requisitos exigidos para estas salidas alternativas y principalmente la reparación del daño ocasionado a la víctima.

Sin embargo, el procedimiento abreviado consistente en que la pena sea  negociada entre el fiscal, el imputado y su defensor, la víctima solo podrá oponerse cuando en el juicio oral se pueda lograr una mayor pena privativa de libertad.

Para aplicar cualquiera de las salidas alternativas, previamente se deberá  efectuar la imputación formal contra el imputado, aplicados en dos momentos procesales: en la conclusión de las investigaciones preliminares, o en la conclusión de la etapa preparatoria. ello implica que el fiscal pueda imputar formalmente y solicitar a la vez la aplicación de cualquiera de las salidas alternativas señaladas anteriormente.

Razones por la que el fiscal al solicitar una salida alternativa, deba adjuntar  lo siguiente:

a) La imputación y la constancia  de  notificación  correspondiente, que  debe  cumplirse  dentro de las  veinticuatro horas   siguientes  luego de  efectuada la imputación;

b) Los elementos de prueba necesarios para sustentar la  solicitud;

c) Los requisitos formales establecidos para  cada caso;

6.2. EL  CRITERIO DE OPORTUNIDAD REGLADA

Antes de tratar esta salida alternativa es necesario aclarar, los principios de  oportunidad y de legalidad, según Carmen Cuadrado Salinas:

(…)el principio de oportunidad va a permitir al Ministerio

Público evitar el procesamiento de un determinado sujeto, bajo ciertas circunstancias, a pesar de haberse constatado la comisión de un hecho típico, antijurídico, y de haberse recabado elementos incriminatorios suficientes para fundamentar con éxito la pretensión acusatoria”. Y el principio de legalidad, por el contrario, va a obligar a la autoridad encargada de la acusación pública a iniciar un proceso penal, tan pronto existan indicios racionales de la comisión de un ilícito penal, y pueda, más adelante, fundamentarse la pretensión penal, sin posibilidad de que haya otro medio más pacífico de resolver el conflicto”.

 El criterio de oportunidad es una  excepción al principio de legalidad, por el  cual  el Ministerio Publico  está  en la necesidad u obligación  de  perseguir, promover  y  dirigir  la  investigación de  cualquier hecho que revista carácter de delito de acción pública  y de  someterlo a proceso, sin  consideración  de  razón alguna de conveniencia o utilidad. Sin embargo, el principio de oportunidad faculta al Ministerio Público a prescindir de la persecución penal, contra una persona a pesar de haberse constatado la comisión del delito, pero deben concurrir determinadas circunstancias.

6.2.1. Concepto

La Guía de Actuación para jueces, fiscales, abogados, define el criterio de oportunidad reglada como: “Salida alternativa al juicio ordinario que permite la simplificación del proceso, en virtud de la decisión del fiscal de prescindir de la acción penal por tratarse de un hecho de escasa relevancia social, mínima reprochabilidad de la conducta, penal natural o saturación de pena”

Por su parte, para Alberto M. Binder reflexiona el criterio de oportunidad:

El Estado puede prescindir de la persecución penal. Estos caso legales normalmente se basan en criterios cuantitativos (insignificancia del hecho, escasa culpabilidad), cualitativos (determinados tipos de delitos o condiciones especiales del caso), de economía (multiplicidad de hechos imposibles de investigar o cuya investigación no produce modificaciones sobre la pena esperable) o de mayor interés (colaboracionismo).

 El criterio de oportunidad le concede  al Ministerio Publico ciertos poderes  discrecionales para prescindir  de la persecución  penal  pública, valorando las circunstancias personales del autor o del tipo de delito.

Por su parte Julio Maier señala que el criterio de oportunidad político utilitario por conveniencia práctica, económica, temporal, etc.,  autoriza en principio a prescindir de la persecución penal frente a la noticia de la comisión de un hecho punible.

Asimismo, le  permite  racionalizar la   persecución de los  hechos   delictivos, dejando  fuera de  este   aquellos,  en  donde  contribuye  significativamente  a la  eficiencia  real  del sistema, al posibilitar  mediante  la exclusión de los  hechos  de menor  relevancia, el  adecuado  tratamiento de   aquellos  casos  que sin  lugar  a duda requieran la efectiva.

6.2.2. Requisitos para su procedencia

En este sentido el CPP, en su Art. 21 establece las siguientes condiciones  para la aplicación del criterio de oportunidad reglada:

1) Cuando se trate de un hecho de escasa relevancia  social por la afectación mínima del bien jurídico protegido.

2) Cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del  hecho, un daño físico moral más grave que la pena a imponerse.

3) Cuando la pena que se espera por el delito de cuya  persecución se prescinde carece de importancia en consideración a una pena ya impuesta por otro delito;

4) Cuando sea previsible el perdón judicial; y

5) Cuando la pena que se espera carezca de importancia en consideración a las de otros delitos, o a la que se le impondría en un proceso tramitado en el extranjero y sea procedente la extradición solicitada intervención de la  justicia  penal.

6.2.3. Efectos del criterio de oportunidad reglada

La aplicación de esta salida alternativa genera la extinción de la acción  penal, en relación con el imputado en cuyo favor se decida, según dispone el Art

22 del CPP: “La decisión que  prescinda de la  persecución penal extinguirá  la  acción pública en relación con el  imputado en cuyo favor se decida”

Sin embargo, cuando en la comisión del ilícito penal, han participado varios imputados, la aplicación de esta salida alternativa a favor de uno de ellos fundada en la irrelevancia social del hecho, sus efectos se extenderán a los demás imputados.

Es así, que el Art. 22 del CPP, establece que: “No obstante, si la decisión  se funda en la irrelevancia social del hecho, sus efectos se extenderán a todos los partícipes”

 6.3. LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL  PROCESO

6.3.1. Concepto

 La suspensión condicional del proceso, denominado también suspensión  del procedimiento a prueba, según el Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal

Penal – GTZ es 

(…) un instrumento procesal que detiene el ejercicio de la  acción penal en favor de un sujeto imputado por la comisión de un ilícito, quien se somete, durante un plazo, a una prueba en la cual deberá cumplir satisfactoriamente con ciertas y determinadas obligaciones legales e instrucciones que le imparta el tribunal, a cuyo término se declarará extinguida la acción penal, sin consecuencias jurídicas jurídico penales posteriores.

 La suspensión condicional del proceso o proceso a prueba, es un   instrumento procesal  que detiene  el  ejercicio de la  acción penal del Ministerio

Público, a favor del imputado cuando este lo solicite, quien  debe someterse  durante  un determinado plazo a reglas  que le  impone el juez instructor en lo penal, siempre y cuando admita el hecho que se le atribuye y que la posible pena a imponerse no sea superior a tres años, a cuyo término se declara extinguida la acción penal a su favor.

Para la Guía de actuación de jueces, fiscales, abogados, define la  suspensión condicional del proceso como:

Una salida alternativa al juicio ordinario que permite la simplificación del proceso penal, toda vez que este se suspende a favor del imputado, quien se somete durante un plazo determinado por el juez a un periodo de prueba en el cual deberá cumplir reglas de conducta, a cuyo término se declara extinguida la acción penal sin consecuencias jurídico penales posteriores. Si se transgreden las reglas de conducta durante el periodo de prueba, previa  audiencia en la que interviene el imputado, el juez tiene la facultad de revocar la medida y retomar la persecución penal

.6.3.2. Requisitos para su procedencia

 

La suspensión  condicional del proceso procede cuando se encuentran  reunidos los requisitos previstos en lo dispuesto en el artículo 23 del CPP, que señala:

Cuando sea previsible la suspensión condicional de la  pena, las partes podrán solicitar la suspensión condicional del proceso.

Esta suspensión procederá si el imputado presta su conformidad, firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido o afianzando suficientemente esta reparación.

La solicitud se podrá presentar hasta antes de finalizada la  etapa preparatoria 

Esta salida alternativa que suspende el ejercicio de la acción penal del Ministerio Público a favor del imputado exige la concurrencia de la previsibilidad de la aplicación de la suspensión condicional de la pena, considerando criterios cuantitativos y cualitativos, como ser: el quantum de la posible pena privativa de libertad a imponerle en caso de que el imputado fuese a juicio oral; la circunstancias, móviles y naturaleza de la comisión del delito, que hagan previsible que la referida pena privativa de libertad no exceda de tres años.

6.3.3. Procedimiento de la suspensión condicional del proceso

Cumplido los requisitos de admisibilidad de esta salida alternativa, el  imputado solicitará al fiscal del caso, a la conclusión de las investigaciones preliminares o hasta antes de la conclusión de la etapa preparatoria, que requiera  ante el juez de instrucción en lo penal o cautelar, la aplicación de la suspensión condicional del proceso a su favor. El juez de instrucción en lo penal que ejerce el control jurisdiccional de la etapa preparatoria, señalara audiencia a efecto de considerar la suspensión condicional del proceso.

La suspensión  condicional del proceso se resolverá en audiencia señalada  a este efecto  y con la  presencia  obligatoria del fiscal y del imputado, quien debe conocer y aceptar las reglas y condiciones impuestas por el juez, según las circunstancias de la comisión del delito.

La inasistencia de la víctima a la audiencia de consideración de la  suspensión condicional del proceso no es causal de suspensión de la misma, sin embargo, tomando en cuenta las disposiciones del Art. 121 párrafo II de la CPE, que establece: “La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial…”

La víctima deberá ser citada en forma personal con el señalamiento de audiencia, porque  tiene derecho a ser  oída antes de  que el juez resuelva  la suspensión condicional del proceso.

De cualquier manera, la decisión de aplicar o no esta salida alternativa está  sometida a la decisión del órgano jurisdiccional, previa constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos para su procedencia.

6.3.4. Condiciones y reglas

Con relación a las condiciones y reglas que puede imponer el juez de  instrucción en lo penal, están previstas en el Art. 24 del CPP, que prescribe:

1) Prohibición de cambiar de domicilio sin autorización  del juez.

2) Prohibición de frecuentar determinados  lugares.

3) Abstención  del consumo  de estupefacientes o de  bebidas  alcohólicas.

4) Someterse  a la  vigilancia  que  determine el juez.

5) Prestar trabajo a favor  del Estado  o de  instituciones   de asistencia  pública, fuera de sus horarios  habituales  de trabajo.

6) Permanecer  en un trabajo o empleo, o adoptar en el plazo que el juez determine, un oficio, arte, industria o profesión.

7) Someterse a tratamiento médico o psicológico.

8) Prohibición de tener  o portar  armas.

9) Prohibición de conducir  vehículos.

Además, de estas reglas el juez de instrucción en lo penal, puede imponer al imputado otras condiciones considerando las circunstancias en las cuales se cometió el delito, siempre que no afecten a su dignidad.

La juez inmediatamente emitida la resolución de aplicación de la  suspensión condicional del proceso, le explica al imputado de manera sencilla la significación de las condiciones y reglas impuestas; reiterándole si ha entendido y su obligación de acatarlas.

El imputado  puede  apelar de las reglas  impuestas  únicamente cuando éstas  sean  ilegítimas, afecten su dignidad o sean excesivas.

6.3.5. Revocatoria de la suspensión condicional del proceso

En la misma audiencia el juez notificará a las partes con la resolución de la  suspensión condicional del proceso y principalmente al imputado advirtiéndole que si se aparta de las condiciones y reglas impuestas, sin causa justificada se revocará y dispondrá la prosecución del proceso penal.

demás, así lo establece el Art. 25 del CPP: “Si el imputado se aparta considerablemente y en forma injustificada de las reglas impuestas, no cumple los acuerdos o promesas de reparación del daño civil, o se formaliza  la acusación por la comisión de un nuevo delito, el juez de la causa revocará la suspensión y el proceso continuará su curso”

6.3.6. Efectos de la suspensión condicional del proceso

La  suspensión condicional del proceso, extingue la acción penal, cuando el  imputado no se ha apartado de las condiciones y reglas impuestas en el tiempo establecido por el juez de instrucción en lo penal, que en el caso de Bolivia no  podrá ser inferior a un año, ni superior a tres años.

El CPP, en su Art. 25 párrafo III, dispone que: “Si la suspensión  condicional del proceso no ha sido revocada hasta el vencimiento del periodo de prueba, el juez de la causa declarará extinguida la acción penal”

 6.4. LA  CONCILIACIÓN 

 6.4.1. Concepto

 Para la GTZ, la conciliación: (…) es una salida alternativa al juicio ordinario, consistente en resolver el conflicto entre partes, a través de una solución que surja de las decisiones de las partes y que sea satisfactoria para ambas, mediante la intervención de un tercero neutral, denominado conciliador, cuya función es facilitar la comunicación entre ellas para que lleguen a un acuerdo, pudiendo proponerles alternativas de solución.

6.4.2. Requisitos para su Procedencia

Ley Orgánica del Ministerio Público en su art. 64, dispone:

  1. Cuando el Ministerio Público persiga delitos de contenido patrimonial o culposos, el o la Fiscal de oficio o a petición de parte, deberá exhortarlas para que manifiesten cuales son las condiciones en que aceptarían conciliarse.
  2. Excepto que el hecho tenga por resultado la muerte, que exista un interés público gravemente comprometido, vulneren

Derechos Constitucionales, y/o se trate de reincidentes o delincuentes habituales.

III. Exceptuando cuando afecte al patrimonio del Estado.

Si bien la norma adjetiva penal no establece los requisitos para su procedencia, pero a decir, de la LOMP, esta salida alternativa solo procede en los  delitos  de acción privada y en los delitos de acción penal pública de contenido  patrimonial o culposo y que no tenga como resultado del delito la muerte de la  víctima.

Si bien no existe disposición expresa sobre la exigencia de la reparación  integral del daño civil ocasionado por el delito, pero por las características de esta salida alternativa, previamente deberá existir un acuerdo conciliatorio bajo las condiciones acordadas por las partes.

Acuerdo conciliatorio que deberá presentarse ante el fiscal del caso, para que pueda requerir al juez de instrucción su homologación.

En los delitos de acción penal privada corresponde al juez de sentencia  convocar a una audiencia de conciliación a las partes, así lo establece el Art. 377  del CPP: “Admitida la querella, se convocará a una audiencia de conciliación, dentro de los diez días siguientes”

.4.3. Efectos

En los delitos de acción penal pública, si se produjera la conciliación  en la   etapa preparatoria, el juez  homologara  los  acuerdos  y declarara extinguida  la acción penal, competencia establecida en el Art. 54 inc. 5), disponiendo:

“Homologar la conciliación, cuando les sea presentada”

En la etapa de juicio oral, también es viable la conciliación hasta antes de  instalada la audiencia.

En los delitos de acción penal privada, si en cualquier estado del proceso  las partes se concilian, el juez de sentencia declara extinguida la acción penal.

6.5. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO

 6.5.1. Concepto

Para la guía  de actuación para  jueces, fiscales, abogados el procedimiento  abreviado:

Es una salida alternativa al juicio ordinario que permite la simplificación del proceso, en virtud del acuerdo entre el fiscal, el imputado y su abogado defensor de prescindir del juicio ordinario; facultando al juez, en caso de admitir su procedencia, a dictar sentencia condenatoria sobre la base de la admisión de los hechos por parte del imputado, sin que pueda exceder la pena  requerida por el fiscal

El procedimiento abreviado es una salida alternativa a juicio. Consiste en un acuerdo firmado entre el fiscal, imputado y abogado defensor, cuyo contenido fundamental es la renuncia al juicio oral y el acuerdo sobre la pena privativa de libertad a imponerse, la admisión libre y voluntaria sobre la culpabilidad, facultando al juez dictar sentencia condenatoria y la imposición de la pena solicitada por el fiscal.

5.2. Requisitos para su Procedencia

El Tribunal Constitucional, ha señalado lo siguiente:

Con relación a la aplicación de esta salida alternativa, es necesario señalar que la solicitud de procedimiento abreviado, contiene implícitamente una acusación formal, en la que se solicita la pena requerida,; por ello, es necesario presentar junto a la misma, todos los elementos probatorios, expresando lo que se pretende demostrar con cada uno de estos; por lo que no es suficiente contra con el acuerdo del imputado y su defensor, fundado en la admisión del hecho y su participación en él a que hace referencia el art. 373 del CPP; en razón de que este procedimiento está sustentado en el principio de legalidad y de la  verdad real, no pudiendo esta última ser reemplazada por la  verdad consensuada entre las partes; consiguientemente, es imprescindible generar en el Juez la plena convicción de que los hechos se suscitaron tal y como presentó  o relacionó el fiscal encargado de la investigación y demostrados en audiencia, porque ello determinara que esta autoridad acepte el procedimiento abreviado

El procedimiento abreviado es una facultad privativa del fiscal, quien deberá presentar todo los elementos de prueba acumuladas durante la investigación, con la finalidad de crear plena convicción en el juzgador, de que el hecho ocurrió y que el imputado participo en él, porque no es suficiente el acuerdo firmado entre el fiscal, imputado y su abogado defensor, renunciado al juicio oral y admitiendo su participación en la comisión del hecho delictivo.

Que de ninguna forma implica negociar el tipo penal por el cual se le  acusara y que la misma vulnere el principio de legalidad, como ocurre en el sistema Americano de la declaración de culpabilidad y alegaciones pre acordadas

(plea bargaining), que siguiendo a Ernesto L. Chiesa Aponte señala:

1) El fiscal y el imputado, por mediación de su abogado,  podrán iniciar conversaciones con miras a acordar que, a cambio de una alegación de culpabilidad por el delito alegado en la acusación o denuncia, o por uno de grado inferior o relacionado, el fiscal se obliga a uno o varios de los siguientes cursos de acción:

  1. a) solicitar el archivo de otros cargos pendientes que pesen sobre él: b) eliminar alegación de reincidencia o delincuencia habitual; c) recomendar una sentencia específica, entendiéndose que ni lo uno ni lo otro serán obligatorios para el tribunal, o d) acordar que determinada sentencia especifica es la que dispone adecuadamente del caso. El tribunal no participará en estas conversaciones

 La aplicación del procedimiento abreviado, no puede vulnerar las características fundamentales de un sistema acusatorio. Julio B. J. Maier, resalta esta idea al reflexionar sobre las notas comunes a un sistema acusatorio:

El procedimiento consiste, en lo fundamental, en un debate  (a veces un combate) publico, oral, continuo y contradictorio. En la valoración de la prueba impera el sistema de la íntima  convicción, conforme a lo cual los jueces deciden votando, sin sujeción a regla alguna que establezca el valor probatorio de los medios de prueba y sin exteriorizar los fundamentos de su voto.

Por lo que el procedimiento abreviado en el proceso penal boliviano debe activarse sobre el reconocimiento voluntario que hace el imputado, sobre su participación y su renuncia al juicio oral, con conocimiento de su defensor, sin  embargo, estos extremos deberán ser sometidos a debate en la audiencia, donde la víctima puede oponerse de manera fundamentada a la aplicación de esta salida alternativa, en el entendido de que en el juicio oral es posible conseguir una pena mayor a la solicitada por el fiscal.

El CPP, en el Art. 373 párrafo II, establece la procedencia del procedimiento abreviado cuando prescribe que: “Para que sea procedente deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, el que deberá estar fundado en la admisión del hecho y su participación en él”

Para la procedencia del procedimiento abreviado en Bolivia, el Ministerio

Público debe contar con el acuerdo del imputado y su defensor, el que deberá estar fundado en la admisión del hecho y su participación en él.

6.5.3. Efectos

William Herrera Añez resalta que la conclusión rápida del proceso ofrece a  las partes las siguientes ventajas:

  1. a) El juez impone una sanción en tiempo record; b) el MP se ahorra el esfuerzo de investigar a fondo y encontrar elementos de convicción para sustentar su acusación; c) La víctima obtiene condena rápida y, por ende, la reparación del daño civil ocasionado por el delito; d) El imputado recibe, a cambio, una condena menor de la que pudiera imponer el tribunal de sentencia en el juicio oral y público.

El procedimiento abreviado se sustancia en una sola audiencia, señalado a este efecto por el juez de instrucción en lo penal, quien previa comprobación de la existencia del hecho y la participación del imputado; la renuncia voluntaria al juicio oral  y que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario, resolverá en la  misma audiencia admitiendo el procedimiento e imponiendo una sentencia condenatoria contra el imputado. La pena no sobrepasará a lo solicitado por el fiscal. O en todo caso rechazando la misma por oposición fundada de la víctima o por la insuficiencia de elementos probatorios.

7.2. EL SOBRESEIMIENTO

 José I Cafferata Nores y otros han definido el sobreseimiento como: “(…) la   decisión jurisdiccional que cierra el proceso en forma definitiva e irrevocable a favor del imputado, por no tener fundamento o haberse extinguido la pretensión penal que se hacía valer (Vélez Mariconde)

El sobreseimiento es una facultad privativa del fiscal y no es sometida a  control jurisdiccional, como en otros sistemas procesales penales: Se extingue la pretensión penal a favor del imputado, la misma que puede ser objetada por la víctima.

A decir de Cesar San Martin Castro el sobreseimiento es: .. la  resolución  firme, emanada del órgano jurisdiccional competente en la fase intermedia, mediante la cual se pone fin a un procedimiento penal incoado con una decisión que, sin actuar el iuspuniendi, goza de la totalidad o de la mayoría de los efectos de la cosa juzgada

. Es una resolución que decrete el fiscal de materia asignado al caso   y que  se adecua cuando  no exista  posibilidad real y efectiva de llegar a juicio oral (un ejemplo sería el caso de la  prescripción de un delito). El sobreseimiento procede siempre luego de una  imputación formal. Antes de ella, cabe únicamente el rechazo de las actuaciones policiales.

7.2.1. Requisitos

De acuerdo al Código de Procedimiento Penal, el  fiscal está  facultado a  decretar el sobreseimiento  del imputado bajo los siguientes  requisitos:

 

  1. a) Cuando el hecho no existió.
  2. b) El hecho denunciado no constituye delito.
  3. c) El imputado no participo en el hecho ilícito.
  4. d) Cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes  para fundamentar la acusación.

 

Además, que Cesar San Martin, identifica cuatro notas esenciales a  considerar en el sobreseimiento, cuando refiere que:

1) El sobreseimiento, una vez que contra él se ha ejercido todos los recursos que prevé la ley procesal, es una resolución firme que pone fin al procedimiento penal.

2) Es una resolución que, pese a finalizar el proceso, reviste la forma de auto y no de sentencia. 

3) El órgano competente para dictar el sobreseimiento, en el procedimiento ordinario común para delitos graves, es la sala Penal Superior y, en el proceso sumario para delitos menos graves, es el Juez Penal, sin perjuicio de que dichas resoluciones puedan ser impugnadas.

4) Si bien el auto de sobreseimiento no es la única forma de finalizar anormalmente o sin sentencia el procedimiento, desde que nuestro ordenamiento procesal conoce el auto que declara no haber lugar a abrir instrucción, esta resolución está asociada a los efectos materiales de la cosa juzgada, tal como expresamente lo  dispone el art. 139.13 de la Constitución Para Aragonés Martínez Sara y otros, el sobreseimiento es: Es la resolución judicial en forma de auto que adopta el Tribunal competente en esta fase intermedia (el órgano de enjuiciamiento) cuando no concurren los presupuestos necesarios. para decretar la apertura del juicio oral. Dicha resolución judicial produce, bien la determinación del proceso (sobreseimiento libre), bien su paralización (sobreseimiento provisional)

Emitida el requerimiento conclusivo de sobreseimiento, se debe poner en conocimiento  de las partes, principalmente a la víctima para que pueda hacer uso de su derecho de impugnación. 

7.2.1. Recursos

Desde el sistema procesal penal boliviano, la parte legitimada para recurrir  del requerimiento conclusivo de sobreseimiento, es la víctima o el actor civil. Como se sabe, la emisión del requerimiento de sobreseimiento no está condicionada a la obligatoria intervención de la víctima, pero la ley prevé la participación del propio imputado, y del fiscal, porque es una facultad privativa, como promotor de la acción penal pública.

Es así que el Nuevo Código Procesal Penal del Estado de Nuevo León, en  su Art. 311, parte in fine establece: “Recibida la solicitud, el Juez la notificará a las partes, a la víctima u ofendido y los citará dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde resolverá lo conducente”.

Ahora bien, quien controla el requerimiento de sobreseimiento en el sistema procesal penal de Bolivia, no es el juez de la investigación preparatoria como en otros sistemas procesales penales, es el superior jerárquico del fiscal que promovió la acción penal pública.

Notificado a las partes,  tienen un plazo de cinco días computables a partir

de la notificación para impugnar el sobreseimiento, ante el mismo fiscal que emitió el requerimiento conclusivo. El artículo 324 de la Ley 1970, señala que: “El fiscal pondrá en conocimiento de las partes el sobreseimiento decretado, el que podrá ser impugnado dentro de los cincos días siguientes a su notificación”

El fiscal conocida la impugnación del requerimiento conclusivo de  sobreseimiento, deberá remitir en el plazo de veinticuatro horas, ante el fiscal departamental, quien se pronunciará en un plazo de cinco días.

 7.2.2. Efectos

Para José I Cafferata Nores y otros, el sobreseimiento ejecutoriado cierra el  proceso penal a favor del imputado, evitando una nueva persecución penal por el mismo delito, cuando señalan:

El sobreseimiento cierra irrevocable y definitivamente el  proceso con relación al imputado a cuyo favor se dicta (art. 349).

Firme que sea el sobreseimiento (definitivo), impedirá que, por el mismo delito, se quiera reabrir el mismo procedimiento, o iniciar otro en contra del imputado que fuera sobreseído (non bis in ídem)

El CPP, en su Artículo 324, ha incorporado los efectos del requerimiento impugnado cuando el fiscal superior (departamental) se pronuncie sobre la ratificación o revocatoria del sobreseimiento:

Si el fiscal superior jerárquico revoca el sobreseimiento,  intimará al fiscal inferior o a cualquier otro para que en el plazo máximo de diez días acuse ante el juez o tribunal de sentencia. Si lo ratifica, dispondrá la conclusión del proceso con relación al imputado en cuyo favor se dictó, la cesación de las medidas cautelares y la cancelación de sus antecedentes penales

Esta última disposición, es decir, la ratificación tiene mucha importancia, pues es el cese de la persecución penal, que desencadenará en el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales que gravan la libertad del imputado y la libre disponibilidad de sus bienes. Esto  impide  un  nuevo proceso penal por el mismo hecho, como garantía del principio de persecución penal pública.

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